“Ahora mismo hay un bombardeo”, escribe Goitom (nombre ficticio, por motivos de seguridad) en uno de sus correos electrónicos. Lo envía desde Mekele, la capital de Tigray, región al norte de Etiopía con siete millones de habitantes, que sufre los estragos de una devastadora guerra civil. Desde el inicio del conflicto, que ha cumplido un año en noviembre y provocado miles de muertos, los servicios de telecomunicaciones están cortados, la población no puede contactar con el exterior y no se permite el acceso a los periodistas. Sin embargo, gracias a su labor en una ONG en terreno, Goitom es de los pocos con permiso para acceder a internet de forma intermitente desde la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) en esta ciudad etíope, una de las más pobladas y desarrolladas del país hasta el inicio de los ataques. Un par de horas al día que aprovecha para informarse sobre el devenir de la contienda y trabajar, aunque lleve cinco meses sin cobrar salario.
“Además de no tener ingresos, no hay electricidad en casa, tampoco gasolina ni transportes; muchos comercios han sido atacados, destruidos o han cerrado; no podemos retirar el dinero de los bancos, los precios han subido mucho; falta comida y servicios sanitarios… Vivimos una situación extrema”, cuenta este tigrayano, casado y con hijos.
Goitom confiesa que la información que comparte “es poca en comparación con la gravedad de la situación” ya que hay “muchas víctimas, abusos, atrocidades, detenciones masivas y saqueos”. Y alerta: “La población sufre el bloqueo de la llegada de ayuda humanitaria. La que recibimos no es suficiente y se ha convertido en algo normal ver a la gente pasar hambre, morir por la falta de medicamentos o sufrir la escasez de agua potable, entre otras cosas”.
Crímenes de guerra
Cuando el 28 de noviembre de 2020 el primer ministro de Etiopía y premio Nobel de la Paz de 2019, Abiy Ahmed, anunció el “control total“ de Mekele, la capital de Tigray, y el cese de hostilidades contra el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, según sus siglas en inglés, partido que gobernaba la región desde hacía décadas y había ganado las últimas elecciones regionales en agosto de 2020 sin la autorización del Gobierno central), la guerra que sufre Goitom y millones de etíopes tan solo acababa de empezar. Las tropas del TPLF, a las que Ahmed acusó de haber atacado una base militar del Gobierno –motivo que justificó la intervención militar y que el grupo rebelde negó–, huyeron hacia las montañas y el Ejército nacional ocupó Mekele.
Desde entonces, el brazo armado del TPLF ha ido ganando terreno y acabó por recuperar la ciudad a finales de junio. Tras un falso alto al fuego “unilateral e incondicional” decretado por el Gobierno en esas fechas para que la ayuda humanitaria pudiera ser distribuida y los agricultores pudiesen cultivar en paz –en esta región, más del 80% de la población vive del campo –, la contienda ha ido ganando en ferocidad e intensidad.
A principios del pasado mes de noviembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), en colaboración con la Comisión Etíope de Derechos Humanos, publicó una investigación que concluía que, entre el inicio del conflicto y hasta junio de 2021, había razones para creer que todas las partes implicadas son responsables de actos violentos susceptibles de ser considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, desde julio el conflicto se ha expandido a las regiones limítrofes de Afar y Amhara, y ha agravado una alarmante crisis humanitaria que se agudiza por las restricciones a la entrada de ayuda de la ONU y las ONG, principalmente en la región de Tigray, donde cerca de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y nutricional de emergencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés).
Lee el artículo completo en Planeta Futuro, El País (Publicado el 10/12/2021) .
Juan Calleja 