Casi un tercio de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando el pasado mayo el Instituto Nacional de Estadística hizo pública la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, de nuevo saltaron todas las alarmas sobre el incremento de la desigualdad y de los índices de riesgo de pobreza en nuestro país. Cinco días antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicaba el informe, ‘Por qué menos desigualdad beneficia a todos’, en el que mostraba cómo la brecha entre los ricos y los pobres, residentes en los treinta y cuatro países miembros, había alcanzado su máximo histórico desde que inició su medición hace tres décadas: el 50% de la riqueza está en manos de los más pudientes, mientras que los más pobres tan sólo tienen el 3% de la misma.
En el caso de España, las consecuencias de la crisis y del largo periodo de recesión, sumadas a las políticas de recortes presupuestarias y de austeridad de los últimos años, se han ido traduciendo en cifras récord de desempleo, grandes ajustes salariales y una precariedad laboral expandida a todos los sectores que han contribuido a agrandar la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos, y a aumentar exponencialmente y de manera preocupante el número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza o que se precipitan hacia ella. En concreto, y en base a los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 29,2 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE ( At risk of poverty or social exclusion), de la que hace uso la oficina estadística Europa (EUROSTAT) para calcular el porcentaje de personas más desfavorecidas en un estado y que combina tres factores: el riesgo de pobreza, la carencia material severa y hogares sin empleo o con baja intensidad laboral.
Juan Calleja 